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lunes, 29 de diciembre de 2014

Un cambio de paradigma.








 Está en el ánimo de éste blog el difundir determinados conceptos de cultivo que, si bien son formalmente aceptados, topan con obstáculos en su aplicación práctica.

 Una parte de éstos obstáculos (producción, ubicación, tratamientos) han sido expuestos con anterioridad en distintas entradas, ahora es mi intención centrarme en la propiedad legal del arbolado.











 Desde una perspectiva técnica, el arbolado urbano puede desarrollarse en suelo público o privado, derivándose de ésto distintas situaciones.

 La administración suele adaptar la normativa y realizar esfuerzos logísticos, técnicos y organizativos o, como mínimo, establecer medidas correctoras de impacto y/o compensaciones paisajísticas.





 Es al cliente privado al que vamos a encontrar peor asesorado, renuente a realizar gastos y  actuaciones preventivas o planes de gestión a largo plazo.



 Es por ello que las legislaciones vigentes en algunas CCAA obligan a la realización de valoraciones de actuación sobre arbolado privado, pero únicamente en casos de tala ó por afecciones a la vía pública, la realización de podas quedan circunscritas a evitar "podas indiscriminadas y abusivas", término resonante pero que expone a:

1- La difusión de la idea de que sólo una poda abusiva es perjudicial.

2- La ausencia de un servicio de inspección que determine que la poda realizada se ajusta a dichos parámetros.